El Gobierno nacional dispuso la eliminación de aranceles en más de 50 trámites vinculados al transporte automotor, una medida que impacta directamente en los servicios de pasajeros y cargas bajo jurisdicción nacional. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 1878/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.
La norma elimina tasas que históricamente cobraba la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) por gestiones relacionadas con la inscripción, habilitación y fiscalización de los servicios, avanzando en un esquema más ágil y alineado con las dinámicas actuales del sector.
Qué aranceles se eliminan en el transporte automotor
En el marco de la política de desregulación, simplificación administrativa y modernización del transporte automotor, el Ministerio de Economía realizó un análisis integral de la estructura arancelaria vigente.
Como resultado, se determinó que la eliminación de estos cobros no afecta las tareas de control ni de fiscalización que realiza la CNRT. Por ese motivo, se derogaron resoluciones dictadas entre 1992 y 2001, que habían quedado desactualizadas frente a la normativa vigente.
Más de 50 trámites sin costo para operadores y usuarios
La medida alcanza a más de 50 trámites considerados innecesarios o redundantes, que representaban una carga burocrática adicional para empresas y usuarios del sistema de transporte.
Con la eliminación de estos aranceles, se busca:
- Reducir costos operativos en el transporte automotor.
- Agilizar los procesos administrativos.
- Mejorar la previsibilidad regulatoria.
- Facilitar la operatoria de transportistas y operadores logísticos.
Unificación de registros y procedimientos
Según lo informado oficialmente, los registros y procedimientos vinculados al transporte automotor ya se encuentran unificados bajo las normativas aprobadas entre 2024 y 2025, lo que permitió avanzar en la eliminación de tasas que ya no cumplían una función efectiva.
Impacto en la modernización del Estado
La derogación de estos aranceles se inscribe dentro de una política pública orientada a reducir cargas administrativas innecesarias, armonizar los procedimientos con la normativa actual y acompañar el proceso de modernización del Estado.
En términos prácticos, la medida contribuye a un sistema de transporte automotor más eficiente, equitativo y competitivo, alineado con las necesidades actuales del comercio, la logística y la movilidad de pasajeros.
Desde una perspectiva operativa, este tipo de decisiones impacta positivamente en la planificación, reduce fricciones administrativas y mejora el entorno regulatorio para quienes trabajan todos los días en el transporte y la logística.
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